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    CARTAGENA
Con su vinculación a una empresa a la cual exoneró del impuesto predial
Exsecretario de Hacienda Roberto Useche habría violado   Estatuto   Anticorrupción

El 25 de marzo de 2011, mediante Resolución No. 061 de la fecha (<< leer), el entonces secretario de Hacienda del Distrito, Roberto Useche Vivero, resolvió a favor de Glormed de Colombia S.A. una solicitud de exoneración del Impuesto Predial e Industria y Comercio. Menos de un año después -el 22 de enero de 2012, (<< leer), Useche empezó a laborar en dicha empresa en el cargo de Director Financiero. Eso, que para cualquier observador desprevenido es una clara violación a la ética pública, para un sector del Concejo de Cartagena es mucho más: es un delito que deberá ser investigado por los órganos de control, ya que viola flagrantemente la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti- xxx

corrupción, el cual determina "en su artículo tercero (<< leer), de acuerdo con el concejal Pastor Jaramillo, que un funcionario no puede, durante los dos años siguientes a la dejación del cargo, "prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones que tuvo".

Jaramillo, quien intervino a nombre del partido Cambio Radical, solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría investigar este caso en particular, pero no solo en lo referido a la violación del Estatuto Anticorrupción por parte de Useche Vivero, sino además en lo que respecta a las justificaciones dadas a la exoneración concedida a Glormed.

Según Jaramillo, esta exoneración, más las otorgadas al Hotel Royal Decameron Barú y a Petco - Zona Franca, deben ser revisadas, ya que en los tres casos -al menos - no se cumplieron cabalmente los requisitos contemplados para estos efectos.

En su exposición, el concejal leyó apartes de los certificados de registro y representación legal -expedidos por la Cámara de Comercio - de los tres establecimientos de comercio a las que se les favoreció con sendas exoneraciones, así como apartes de los requisitos que estas debían cumplir para poder acceder a las mismas, "y es claro que no cumplieron varios de ellos", como el hecho de que entre el momento de la entrada en operación y la solicitud de la exoneración no debían pasar más de seis meses. En efecto, Petco- Zona Franca empezó operaciones en octubre de 2007 y solicitó la exoneración en diciembre 2008, y Glormed de Colombia S.A inició operaciones en el 2006 y solicitó la exoneración en el 2008.

Durante el debate sobre las exoneraciones y las prescripciones, el contralor distrital, Mario Féliz Monsalve, le dio la razón al concejal Jaramillo recordando que el Estatuto Anticorrupción había cerrado las llamadas puertas giratorias

Con relación a las acciones que ha adelantado el ente de control sobre estos casos, Féliz Monsalve anunció que un equipo auditor determinó hallazgos disciplinarios que ya han sido puestos en conocimiento de la Procuraduría.

Pero el contralor fue más allá al afirmar que, en general, la entidad abrió procesos de responsabilidad fiscal por más de $396 mil millones, todos por prescripciones que se estarán revisando, una por una, para determinar su legalidad. 

El caso de SACSA
Durante el debate realizado sobre el tema de las exoneraciones y las prescripciones, en el cual participaron -además de los concejales - el secretario de Hacienda, Luis Fernando Benedetti; el tesorero, Amaury Padilla; el jefe de Presupuesto, Alberto Llamas; el jefe de Impuestos, Sergio Llamas, y los voceros de la Sociedad Aeronáutica de la Costa S.A. - SACSA, Alcides Morales, Consuelo Acevedo y Antonio Quiñones, los concejales reiteraron su concepto de que esta entidad sí debe pagarle al Distrito lo que le adeuda por concepto del impuesto predial, tal como lo ha determinado -de igual forma - la Contraloría de Cartagena. Por su parte, el abogado asesor de SACSA, Antonio Quiñones, insistió en que lo que hay por parte concejales, funcionarios de la Contraloría y otros actores locales "es un problema de desinformación", ya que "los predios y la infraestructura del aeropuerto son de la Nación y no de SACSA", y por ello la empresa está excluida de pagar el predial, "porque ningún bien de uso público paga predial".

El concejal David Dáger aclaró que esa afirmación no era cierta, ya que la Base Naval y otras entidades del orden nacional "sí pagan su predial", a lo que Quiñones respondió que, en efecto, ello es así, "pero que él aun no había terminado su intervención, y se refería únicamente es a los aeropuertos. 

Al término del debate, y luego de las intervenciones de los concejales Américo Mendoza, Alfredo Díaz y David Múnera, quienes lamentaron que el asesor de SACSA haya pretendido, él sí, desinformar a la ciudad, la plenaria en pleno aprobó una proposición mediante la cual se solicita al equipo económico de la Alcaldía adelantar el correspondiente cobro coactivo a la Sociedad Aeronáutica de la Costa S.A.

En el acta de la sesión se dejó constancia de que los presidentes saliente y entrante de la corporación edilicia, Rafael Meza y Antonio Quinto Guerra, así como los concejales Andrés Betancourt y Boris Anaya, no participaron del debate a SACSA ya que se tuvieron que declarar impedidos por haber haber recibido un beneficio por parte de esta. El concejal Vicente Blel, aduciendo razones personales, pero sin especificarlas, tampoco participó en la sesión.
Roberto Useche, exsecretario de Hacienda