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EL CASO DE INGEAMBIENTE

El Distrito de Cartagena suscribió en el año 2003 un contrato de prestación de servicios con la empresa INGEAMBIENTE SA ESP cuyo objeto era la disposición final de residuos sólidos al relleno denominado La Paz ubicado en el municipio de Turbana.

La empresa INGEAMBIENTE SA ESP alegó haber incurrido en mayores costos, inversiones y gastos por haber operado el relleno sanitario por fuera del horario contractual establecido, concretamente 24 horas, en vez de las 15 horas establecidas en el contrato, lo que equivale, según argumentaron, a más horas en utilización de equipo y maquinaria, más horas de personal técnico y operarios, y mayores costos de administración, operación y mantenimiento.

Por ello, en cumplimiento de una de las cláusulas contractuales, el contratista convocó a un Tribunal de Arbitramento y solicitó el reconocimiento de los valores según ellos gastados de más, y solicitó que se condenara al Distrito al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, reconociéndose a su favor la suma de $2.067.743.096 con sus correspondientes intereses moratorios y declarándose que el Distrito debía pagar la suma de $18.708.648, correspondientes al valor de la actualización de la tarifa pactada, conforme al IPC; para un total de $2.086.451.744 en pretensión económica.

Después de surtido el debate probatorio no se lograron demostrar los mayores costos alegados por el contratista, ni mucho menos que la operación del relleno sanitario durante las 24 horas del día correspondiera exclusivamente a la disposición final de los residuos del Distrito, ya que la sociedad convocante prestaba sus servicios a otras empresas. Se concluyó, en consecuencia, que el contrato se ejecutó en cumplimiento del principio de la buena fe contractual y en normal desarrollo del objeto del mismo. Por esas razones, el Tribunal de Arbitramento decidió negar las pretensiones de la sociedad convocante. A pesar de que demostró que la operación del relleno sanitario fue mayor a la establecida en el contrato, el contratista no se opuso a esa situación pese a habérsele enviado por parte de la Alcaldía algunos oficios donde le precisaban que el servicio debía ser prestado de forma continua e ininterrumpida, por lo que se concluye que la sociedad estuvo de acuerdo con la ejecución del contrato en esas circunstancias.

Esta decisión le representó al Distrito un ahorro de más de 4.500 millones de pesos, contados capital e intereses, dejando sin sustento legal la reclamación de Ingeambiente, así como la demanda que en idéntico sentido presentó dicha sociedad ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, con pretensiones cercanas a los 1.500 millones de pesos.

Contra el Laudo Arbitral fue interpuesto recurso de anulación por parte del demandante, pero tal recurso fue declarado infundado por parte el Consejo de Estado, lo que dejó en firme la decisión del Tribunal de Arbitramento.