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6.3. ¿Dígame si usted ha sido asesorado o junto con sus abogados del distrito a examinado los estudios aludidos, los textos literales de los otrosíes, las conveniencias o inconveniencias para el Distrito y los usuarios del servicio de aseo y si quien hace las veces de interventoría ha dado visto bueno o tiene en su poder un documento semejante que haga viable tamaño despropósito que afectaría a los usuarios del servicio de aseo y los intereses de colectivo y en consecuencia la Moralidad Pública?

14.    Usted sabe muy bien el escándalo que se originó en la ciudad  por la suscripción de los dos otrosíes de los contratos de concesión de Barrido y Recolección de Basuras, tanto es así que usted a pesar de estar por fuera de la ciudad se pronunció y anunció la eventual revocatoria de dichas prorrogas. ¿Cuál es su última decisión frente a ello, qué jurídico le aconseja o asesora sobre dichas prorrogas?

15.    Entendidos en la materia afirman que los actos administrativos que se dieron con la firma de los dos otrosíes se tratan de una actuación abiertamente ilegal e ilícita y ATENTATORIADE LOS INTERESES TANTO DEL DISTRITO COMO DE LA COMUNIDAD. Sea suficiente el examen de los siguientes acápites:

En la Resolución CRA 151 de 2001 se tiene el siguiente artículo:

"Artículo 1.3.2.2 Contratos que deben celebrarse por medio de Licitación Pública. Modificado por el art. 1, Resolución CRA 242 de 2003. Sólo se someten al procedimiento de licitación previsto en la Ley 80 de 1993 aquellos contratos que celebren las entidades territoriales que incluyan cláusulas por medio de las cuales se crea un área de servicio exclusivo, o los que tengan por objeto modificar algunas de las cláusulas de los contratos que hayan creado tales áreas, en el sentido de modificar el concesionario, las tarifas, el área, su tamaño, el programa de inversiones o el término de duración de la misma."

8.1 ¿Dado que los dos contratos de concesión son de servicio de aseo exclusivo, el solo hecho de haber cambiado la duración de los mismos, de 8 años a 11 años, además de las otras modificaciones, acaso no convierte el otrosí en un acto ilícito o no acorde con la moralidad pública que debe primar en la contratación administrativa?

16.    De modo igual, en la Resolución CRA 151 de 2001, se contraen los siguientes artículos:

"Artículo 1.3.4.11 Estabilidad regulatoria. Los actos y contratos que celebren las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios a que se refiere la presente resolución, se regirán por las normas regulatorias vigentes al momento de su celebración."

"Artículo 1.3.5.4 Excepciones al deber de usar licitación pública o procedimientos regulados que estimulen la concurrencia de oferentes. No será obligatorio utilizar licitación pública o los otros procedimientos regulados en los siguientes casos:

c) Por razón de las circunstancias en las que ha de celebrarse el contrato. Si hay urgencia manifiesta; pero los contratos en que se invoque esta causal no pueden celebrarse a plazos superiores a seis (6) meses;"

"Artículo 1.3.7.8 Condiciones que deben llenar los contratos. Los contratos de concesión en los cuales se incluya el otorgamiento de áreas de servicio exclusivo a un empresario de servicios públicos deben referirse, por lo menos, a los siguientes aspectos:

f) Plazo. El plazo que se pacte no puede ser indefinido y debe estar perfectamente determinado. En todo caso, para los servicios de acueducto y alcantarillado, no podrá ser superior a treinta (30) años; para el servicio de aseo, no podrá ser superior a los ocho (8) años"

8.5    Pues bien, el marco regulatorio de los dos contratos de aseo es la referida Resolución. En consecuencia, ¿haber violado el término máximo de 8 años que fija dicho marco para los contratos de aseo de áreas exclusivas, en sí mismo no es un acto ilícito?

8.6    Y ¿qué  decir, cuándo solo era viable una ampliación de 6 meses siempre y según se invocara una causa legítima y comprobable pero no ahora sino en las proximidades del vencimiento del término original de 8 años? ¿Hay ilicitud o no?

8.7    ¿Es o no ilícito cambiar las condiciones económicas que sirvieron de base para la evaluación y posterior adjudicación y suscripción de los contratos de concesión de aseo ya que de inmediato afecta el presupuesto del Distrito y el Fondo de Fiducia, y a los usuarios porque las tarifas necesariamente van a incrementarse a menos que el distrito quiera darse la pela de afectar aún más el precario tesoro distrital?

8.8    Teniendo en cuenta que, lo ilícito es la negación al orden jurídico y por tanto, no puede generar obligaciones y mucho menos derechos a quien es autor o copartícipe de ellas. ¿Ante las ilicitudes cometidas en la suscripción de los dos otrosíes, que evidencian tales características, cuándo piensa usted definir la nulidad absoluta de que adolecen dichos actos?, sobre todo si, se tratan de materia que son excepciones que deben tenerse en cuenta para anular de oficio los efectos de ambos otrosíes, como se establece en las leyes 80/93 Artículos 44 y 45 y 1437/2011 Artículos 93 a 97?

9.- De acuerdo al Decreto 0634 de Mayo 18 de 2012, usted dejó sin facultades delegatarias para contrataciones mayores que afectaran el presupuesto del Distrito, a la Oficina Asesora de Servicios Públicos asignada a la Secretaría de Infraestructura Distrital que corresponde al Código 105 Grado 55. ¿Qué medidas ha dispuesto sobre dicho particular?

9.1    En los dos otrosíes se lee con bastante claridad que la funcionaria que cometió actos ilícitos suscribiendo los mismos, asevera que ella si tenía facultades por ser un contrato de concesión y porque además, "no afecta el presupuesto del Distrito", ambas cosas son afirmaciones alejadas de la realidad. Cuál es su opinión al respecto. ¿Estaba delegada o no y por quién?

9.2. Según lo dicho atrás, informe y sin evasivas, ¿cuáles han sido las razones para mantener a la fecha de hoy la integridad y vigencia de los dos otrosíes de marras a sabiendas de la ilicitud, ilegitimidad e ilegalidad de los mismos, a pesar del grave daño al patrimonio distrital y a los intereses de los cartageneros y en contravía de la moralidad pública que debe asistir la actuación de los funcionarios del estado y la contratación estatal?

¿No anunció que tan pronto se reincorporara al cargo los dejaba sin efecto?  ¿Acaso lo hizo? ¿Por qué aún no ha restablecido el derecho quebrantado?

2. CONTROL EXCEPCIONAL DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES, CONVENIOS O ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PRODUZCAN EFECTOS JURÍDICOS O PRESUPUESTALES DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL  DE CARTAGENA DE INDIAS Y DEL MISMO MODO DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.

Como Senadora de la República de Colombia y miembro de la Comisión V Constitucional Permanente de Minas y Energía, invoco de sus H integrantes y en la presente sesión, EL CONTROL EXCEPCIONAL DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES, CONVENIOS O ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PRODUZCAN EFECTOS JURÍDICOS Y/O  PRESUPUESTALES EN TIEMPO PRESENTE INCLUSIVE,  DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL  DE CARTAGENA DE INDIAS Y DEL MISMO MODO DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, ACORDE CON LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1) El artículo 267 en su inciso 1°, (Constitución Política), erige el control fiscal como función pública que ejerce la Contraloría General, encargada de vigilar la gestión fiscalizadora de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

2) El inciso 3° del artículo 267 (Constitución Política), contrae que esa función es inclusiva del control financiero, de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley.

3) Y el artículo 26 (Ley 42 de 1993), precisa que la Contraloría General de la República podrá ejercer control posterior en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que le corresponde a las contralorías departamentales, distritales y municipales, en los siguientes casos: a) A solicitud… de cualquier comisión permanente del Congreso de la República Norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-403 de 1999.

4) Y no menos, el artículo 63 (Ley 610 de 2000), que dispone que dicha entidad, LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, tiene competencia prevalente para adelantar hasta su culminación los procesos de responsabilidad fiscal que se originen como consecuencia del ejercicio de la facultad excepcional del control fiscal establecida en el artículo 267 de la Constitución Política.

Sea la oportunidad,  para precisar que, esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-364 de 2001.

5) Por último, el artículo 122(Ley 1474 de 2011), nos advierte de la  procedibilidad del control fiscal excepcional, a iniciativa del Legislativo, a través de sus Comisiones Constitucionales Permanentes, estableciendo que, deberá:  -Presentarse un informe previo y detallado en el cual se sustenten las razones que fundamentan la solicitud. Ora que, esta "2. La solicitud debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la Comisión Constitucional a la cual pertenece.

HECHOS QUE MOTIVAN EL CONTROL EXCEPCIONAL

1º  Es un hecho notorio, es decir, de público conocimiento, que desde hace dos meses y un poco más, el señor Alcalde del Distrito de Cartagena de Indias, tuvo quebrantos de salud, por lo que se ausentó de la ciudad y obviamente del ejercicio de su cargo. Al parecer en principio sin el permiso del Concejo Distrital y sin remisión ante dicho organismo de su incapacidad médica. Sin embargo, en días pasados anunció el reintegro a su labores, pero lo cierto es que, éste no Despacha desde la alcaldía y todo apunta a que son otros los que mandan en la administración distrital y seguirán mandando, ante la evidencia de su lamentable y grave enfermedad que no le permite gobernar.

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