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Murra dice que su interés es proteger al alcalde "de actos que podrían rayar en lo penal"
Veedores y concejales, escandalizados por supuesta ampliación irregular de concesión del servicio de aseo
Archivo Metro
La llamada de un periodista a uno de los socios de la interventoría del servicio de aseo, preguntando si era cierto que ésta había aprobado la extensión por tres años más de los contratos suscritos con PACARIBE y URBASER, y el disgusto del empre- sario, que calificó de infames tales afirmaciones, ya que él desconocía totalmente dicha decision, fue el de- tonante de un escándalo por un xxxxx
presunto nuevo acto de corrupción en Cartagena.

Para el periodista, Álvaro Anaya Díaz; para el socio de la interventoría, William Murra Babún, para varios veedores y posteriormente para el concejal Andrés Betancourt González y todos sus colegas (con la excepción de César Pión, quien se ausentó del salón de sesiones al momento de votarse una proposición sobre el tema), dicha extensión no solo es ilegal sino que no se justifica: la concesión está vigente hasta el 2014, y dos años son suficientes para realizar una licitación como lo dispone la Ley.

Mediante proposición presentada por el concejal Betancourt, el Concejo citó a un debate de control político, con carácter urgente, al cual deberá asistir el secretario General de la Alcaldía, Felipe Merlano de la Ossa, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica (quien lo sea a la fecha del debate), y la jefe de la Oficina Asesora de Servicios Públicos Domiciliarios, Diana Figueroa Meriño, quien fue quien suscribió el Otrosí con la cuestionada ampliación, al parecer sin consultar a ninguno de sus superiores en la Alcaldía. Se decidió, de igual forma, invitar a la sesión a la procuradora Provincial y al contralor de Cartagena.

De acuerdo con el concejal Betancourt, autor de la proposición, no hay ninguna razón jurídica ni de conveniencia para realizar dicha ampliación, ya que en dos años hay tiempo más que suficiente para preparar y realizar una licitación pública como está dispuesto en la Ley de Servicios Públicos.

Por su parte, el concejal David Múnera calificó de "muy grave" el hecho denunciado, principalmente si, como se dice por parte de voceros de la Administración, ni el alcalde titular ni el alcalde encargado tenían conocimiento del tema.

"Oscar Brieva me dio un parte de tranquilidad:
Campo no estaba informado": William Murra
En carta enviada a la jefe de la Oficina Asesora de Servicios Públicos Domiciliarios, Diana Figueroa, el empresario William Murra Babún, socio de la interventoría del servicio de aseo, manifestó que no tiene "otro interés que proteger a Campo Elías (Terán) y a usted de actos que podrían rayar en lo penal y disciplinario", así como salvaguardar "la integridad de mi empresa, que es interventora de la concesión de aseo en un 30%".

Según Murra, una vez supo que se rumoraba que él tenía conocimiento de la suscripción de un Otrosí que ampliaba por varios años más la concesión del aseo, "llamé al doctor Leobardo Marrugo y le solicité que se trasladara a las oficinas de AFA Consultores Constructores para averiguar cuál era el trasfondo de la afirmación periodística porque adicional a lo anterior, también circulaba la versión de que nosotros habíamos recomendado un abogado para que rindiera un concepto al alcalde sobre el particular. El resultado de lo encontrado por el doctor Marrugo fue que el 24 de Agosto de 2012, estando a cargo de la Alcaldía el doctor Felipe Merlano, la interventoría en cabeza de AFA Consultores Constructores y sin que QBM2 se enterara así fuese por cortesía, envió una carta acompañando un concepto jurídico del exmagistrado Ricardo Hoyos, conocido de los Vergel, no mío, con relación a prórrogas de los contratos de marras para cumplir con una solicitud que le hicieron desde la Alcaldía. Y a partir de allí, la interventoría le confirmó al doctor Marrugo que no tiene conocimiento de la suscripción de los dos otrosíes, uno para cada contrato de concesión".

Las explicaciones de la Oficina Asesora
De acuerdo con Murra, las explicaciones entregadas por la asesora de Servicios Públicos, Diana Figueroa, fueron "que como los contratos de concesión vencían en marzo de 2014, no había tiempo para elaborar una nueva licitación y que además la CRA le había informado que en ese año, 2014, saldría un nuevo marco regulatorio por lo que todos los concesionarios de Barrido y Recolección de Basuras tendrían que acogerse a los cambios".

En su carta a la funcionaria, Murra le recuerda que "usted me dijo que hoy, el alcalde había aprobado los modificatorios, pero yo le aclaré que el titular quien goza de permiso médico no lo estaba porque yo había hecho las averiguaciones. Usted me aclaró que era el doctor Merlano. De todas formas, le manifesté que ya era el segundo caso en que yo me enteraba en la calle y eso no estaba bien".

"Hablé con abogados del despacho central para solicitarles información jurídica al respecto", le dice Murra a Figueroa, "y me respondieron que lo único que conocían en los corrillos era que nuevamente había aparecido la duda de quién suscribía los modificatorios a las concesiones. Y con relación a las extensiones de los tiempos, eso nunca había sido tratado durante la permanencia del alcalde titular en su cargo, y que si ese asunto se estaba ventilando pues lo estaban haciendo con el alcalde encargado y sin la intervención de los abogados de la oficina jurídica central pero sí con anuencia de la interventoría. De inmediato volví a aclarar que QBM2 no tenía conocimiento de nada de lo que estaba pasando".