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"Pero éste no es el único caso que muestra la forma tan alegre cómo se han venido manejando los recursos públicos en nuestra ciudad, y particularmente en el Concejo", señaló sin titubeos el dirigente cívico, "otro caso es el de un ex empleado que devengó un sueldo mensual de $519.000,oo durante apenas cuatro meses y y trece días, del 2 de febrero de 1998 hasta el 14 de mayo de 1998, y terminaron pagándole $27.621.972,oo por concepto de mora en el pago de sus cesantías, a pesar de que la Oficina Jurídica del Concejo aseguró en un concepto fechado el 11 de febrero de 2004 que las obligaciones laborales prescriben a los tres años, por lo cual dicho ex trabajador no tenía tales derechos, ya que hacía mucho más de 3 años que el mismo había presentado sus reclamaciones".

Según Ricardo, quien preside la Asociacion de Empleados del Concejo, este caso tiene otras perlas que agravan la situacion y retratan de cuerpo entero las irregularidades cometidas.

"Si analizamos con atención la respectiva resolución de reconocimiento, veremos que se pretende justificar dicho pago con base en el ajuste fiscal determinado por la Ley 617 de 2000, pero resulta que la salida del ex trabajador se dio en el año 1998, mucho antes de la expedicion de dicha norma; además, quien figura como apoderada no aparece firmando el poder en señal de aceptación, y el mismo no aparece suscrito ante una Notaría por el poderdante, lo cual es una obligación legal que en este caso fue desconocida".

El hecho es que $370.000,oo, que es lo que se le debió pagar al ex trabajador por cesantías definitivas, se convirtieron como por arte de magia en casi $28 millones, pero saltando por encima de conocidas disposiciones legales y, principalmente, a pesar de que todos los dineros para pagos de cesantías y moratorios habían sido girados por la Secretaría de Hacienda del Distrito en años anteriores, y sin embargo no tuvieron el destino correcto y se desviaron a otro tipo de pagos, principalmente de gastos inquietantes como la compra en dólares de unos computadores y otros gastos prohibidos por la Ley 617 de 2000 y otras normas similares.

"Entre estos gastos curiosos, por decir lo menos, aparece el pago de $24 millones para la elaboracion de un manual de contratacion, cuando el volumen de contratos en el Concejo es relativamente escaso", señaló sobre este tema Ricardo Osorio, quien agregó que, de acuerdo con las indagaciones realizadas por varios veedores ciudadanos, se había descubierto que este tipo de trabajo "se realiza por uno o dos millones de pesos, por muy caro, por lo que estamos ante una gestión antieconómica y un detrimento del erario que debe ser investigado por las distintas autoridades".

De acuerdo con las indagaciones realizadas por la Corporación Cartagena Visible, la Secretaría de Hacienda giró al Concejo, en el año 2000, la suma de $4.471'654.597,oo; en el 2001, $3.038'570.407,oo; en el 2002, $5.659'992.447,oo y en el 2003 $2.775'322.034,oo, sumas enormes que contrastan con las escasas inversiones que en materia social se realizaron durante los mismos años en las zonas más deprimidas de Cartagena, siempre con el argumento de que el Distrito estaba atravesando una difícil situación financiera.

Pero lo más grave, en concepto expresado en la misma audiencia por el Director de la Red de Veedurías Ciudadanas Cartagena de Indias, Danilo Contreras Guzmán, es que parte de esos $15.945'539.485,oo tuvieron un dudoso destino, ya que todavía el Concejo le reclama al Ejecutivo recursos para cancelar deudas de vigencias anteriores, "a pesar de que la Administración central giró oportunamente los recursos para tales pagos."

Si Elpidio Pérez, el humilde vendedor de guarapo que esa noche se había acostado satisfecho porque al día siguiente iba a pagar los últimos $2.200,oo que le adeudaba al viejo prestamista, hubiese escuchado las cifras reveladas durante la audiencia pública, hubiera enloquecido.

Con los $15.945'539.485,oo que se manejaron en el Concejo durante los últimos cuatro años habría podido instalar una sucursal de su negocio en cada esquina de todas las manzanas de cada uno de los barrios de Cartagena, y se hubiese dado el lujo de apaciguar el calor y la sed de cada adulto, joven y niño que se acercara a las carretillas -¡hagan fila, guarapo gratis!- justo cuando el inclemente sol cartagenero señalara el mediodía de un domingo cualquiera…

"YA ESA PLATA SE GIRÓ": SECRETARÍA DE HACIENDA

El 20 de abril de 2004, José Núñez Aldana, asesor de la Secretaría de Hacienda del Distrito, advirtió de manera tajante y convencida que "el Distrito no le adeuda al Concejo Distrital partida alguna por cuentas de vigencias anteriores, teniendo en cuenta que las partidas registradas como Déficit Fiscal fueron giradas directamente a ese ente para que cancelaran sus deudas también de vigencias anteriores".

En concepto entregado a su jefa inmediata, la titular de dicha dependencia, Socorro Rodríguez, Núñez Aldana indicó que "la mayoría de las cuentas que el Concejo presenta para su pago, corresponden a deudas que debieron pagarse con los $3.901 millones que giró el Distrito como transferencias de déficit fiscal".

Se refiere el funcionario a las cuentas presentadas el 9 de febrero de este año por el Presidente del Concejo, Adolfo Raad, por valor de $1.379'306.369,56. Y a los giros realizados para que se cancelaran las deudas de vigencias anteriores ($115 millones en el 2000; $600 millones en el 2001; $2.786 millones en el 2002 y $400 millones en el 2003, para un total de $ 3.901 millones en los cuatro años), recursos con los cuales el Concejo debió cancelar las deudas que hoy pretende volver a cobrar.

Sobre el caso particular de las sanciones moratorias, en el citado concepto se asegura que las mismas "se generaron por no girar oportunamente las prestaciones sociales de los empleados retirados a pesar de que el Distrito giró las transferencias de manera oportuna y el Concejo debió efectuar las provisiones para el pago de las prestaciones sociales".

De manera concreta, sobre los moratorios de los años 1998 y 1999, señala el documentado concepto que "pudo disminuirse la morosidad si el Concejo atiende estas reclamaciones con los recursos girados en el año 2002, periodo en el que el Distrito transfirió $2.786 millones de déficit fiscal de vigencias anteriores".

Como se sabe, la Contraloria General de la República dispuso el ejercicio de un control excepcional al Concejo Distrital de Cartagena, justamente ante inquietudes ciudadanas por casos como la multiplicación de los panes de las famosas sanciones moratorias, y por las señaladas, en fundamentados conceptos, por funcionarios de la propia Alcaldía de Cartagena.

Elpidio Pérez no conoce nada de esto. Ni le importa. El sólo sabe que mañana saldará la deuda de $60.000,oo que tenía con Darío Viloria (más los 6 mil en intereses), y que podrá seguir vendiendo guarapo por los barrios pobres de la ciudad, para poder seguir comprando, hasta cuando Dios lo permita, un poco de comida para su familia.

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Una empresa de sesenta mil pesos
Junio de 2007

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