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Un porcentaje apreciable del tiempo de quienes indagan sobre hechos delincuenciales, ya sean agentes estatales, veedores ciudadanos o periodistas investigativos, se va por un lado en tratar de adelantarse a los funcionarios venales y descubrir su modus operandi, y por el otro en inventarse fórmulas para realizar las investigaciones sin que los saqueadores del erario sepan exactamente qué es lo que se persigue. Uno de los métodos más exitosos ha sido el de preguntar por los mismos hechos al mayor número posible de personas. Por regla general, una mentira puede ser sostenida mejor por un solo elemento. Entre más individuos compartan el secreto de un delito, más posibilidades hay de que uno de ellos cometa una equivocación o contradiga, sin querer, a sus compinches.    

Mucho de lo anterior es lo que explica que hoy se conozca al detalle cómo, por lo menos en febrero de 2009, varios cheques girados por la Gobernación de Bolívar, de recursos de la Secretaría de Educación, terminaran siendo consignados en las cuentas bancarias de personas distintas a los beneficiarios originales.

En el caso (citado en artículo anterior) de la supuesta pérdida de un cheque por valor de $17.748.293,oo que la Gobernación giró a la fundación Saber, fue justamente la contradicción de dos funcionarios seccionales la que dio la primera pista sobre la irregularidad cometida.

En oficio fechado el 23 de agosto de 2010, el entonces Asesor de la Unidad de Tesorería Departamental, Emiro Pinto Pérez, aseguró que dicho cheque fue consignado el 25 de febrero, y como constancia adjuntó el correspondiente volante del Banco Bogotá (Ver Documento No. 1).

Cuarenta días antes, el 14 de julio, la profesional del Área de Tesorería de la Secretaría de Educación, Amira Rosa González Gómez, había dicho que ese cheque se había consignado el 20 de febrero, y como prueba anexó el respectivo volante del Banco de Occidente (Ver Documento No. 2).

Es claro que no se trata de dos cheques distintos, ya que ambos funcionarios certifican que se trata del Comprobante de Egreso No. 36946 del 19 de febrero de 2009.

Pero hay algo más curioso aún, y es que quien proyecta la respuesta de Pinto Pérez ¡es la misma González Gómez! (Ver facsímil del oficio).

En cuanto al cheque por $62'600.381,oo (el cual se citó también en la anterior columna) girado el mismo mes de febrero de 2009, cuyo beneficiario era la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP (pero que, de acuerdo con la pagadora de la entidad, Luz Marina Puello Puerta, no aparece reflejado en sus cuentas), cabe señalar que, tal como puede observarse en su reverso (Ver Facsímiles de cheque y volante), este sí fue consignado en la cuenta 058500000953 a nombre de la ESAP. Y no podía ser de otra manera ya que la Tesorería de la Gobernación, muy previsiva, le había puesto el sello restrictivo de "Consígnese únicamente en la Cuenta del Primer Beneficiario". Y este era la ESAP.

Lo que nadie había previsto era que a la ESAP le había nacido una homónima. El ciudadano José Ricardo Hernández Martínez, quien, según registro de la Cámara de Comercio de Cartagena recibe notificaciones judiciales en el barrio El Recreo, M. 4 L. 4, había creado la empresa Estudios, Sistemas, Auditorías y Presupuestos (ESAP, por sus siglas) y había abierto una cuenta bancaria cuyo contrato de apertura contempla que "se podrán recibir cheques a nombre de la ESAP".

Con la misma facilidad con la que, años atrás, unos cheques a nombre del IDER habían sido cambiados por una ingeniosa IDERlina, en la cuenta de la ESAP (Estudios, Sistemas, Auditorías y Presupuestos) se había consignado al menos un cheque cuyo beneficiario era la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública).

Tanto el abogado Alfonso Montes Camelo, quien en representación de la Gobernación denunció estos hechos ante la Fiscalía en mayo de 2009, como el veedor y también abogado David López Romero, quien como actor ciudadano coadyuvó dicha denuncia, coinciden en señalar que al menos es muy curioso que Davivienda, el banco donde se realizó la consignación, no haya cumplido los protocolos ni observado las normas de seguridad que deben contemplarse en estas transacciones.




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Tribuna Libre
Competencia a la ESAP
Por Carlos Ardila González

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