Análisis
De facultades negadas y otras perlas
Carlos Ardila González

Tras la inédita aunque no sorpresiva decisión de la mayoría de los concejales de Cartagena de negarle facultades al Ejecutivo para incorporar recursos al presupuesto cuando fuere necesario, algunos analistas han conceptuado que, en general, el constante y radical control político que ejercen varios concejales a los funcionarios distritales es una consecuencia entendible del modelo impuesto por la alcaldesa Judith Pinedo. Este, como es sabido por todos, ha obligado a que el Concejo y el Ejecutivo, aunque sus misiones institucionales sean similares y complementarias, desarrollen sus roles de manera independiente y, sobre todo, sin los acuerdos por debajo de la mesa que fueron lugar común durante los gobiernos anteriores, lo cual resulta sano para la democracia local.



Según conocidos politólogos, es lo mismo que ocurre con un sector del periodismo radial, que pasó de un modelo en el cual los funcionarios podían otorgarles, a dedo y sin ningún tipo de control, fuertes sumas de dinero por concepto de pautas publicitarias e incluso otros servicios que en ocasiones no realizaban, a otro en el cual su concesión se regula por criterios de objetividad, equidad y transparencia y que depende de un comité que evalúa la calidad, duración, horario y nivel de audiencia del programa o noticiero y no la capacidad de intriga, chantaje o zalamería del respectivo periodista.  

E igual a lo que sucede con un grupo de mal llamados líderes cívicos, quienes también se acostumbraron a criticar, injuriar y calumniar a cualquiera que se mueva a su alrededor hasta cuando éste les 'tape la boca' con cualquier contrato, orden de servicio, dinero en efectivo y hasta participación accionaria en concesiones de servicios o interventorías.

No obstante lo anterior, aunque se critique el giro de 180 grados que estos personajes han dado por la fuerza de las circunstancias políticas y administrativas que vive el Distrito, lo cierto es que su actitud de hoy en materia de control político o social es menos dañina para la ciudad, aún con los excesos en que algunos incurren en medio de sus entendibles angustias, que la ceguera, el mutismo y hasta la complicidad que signó la actuación de muchos de ellos durante pasados gobiernos.  

Y a manera de ejercicio que pruebe que hace menos daño una oposición ruidosa, aún con sus excesos, que el silencio cómplice que por décadas algunos mantuvieron, podríamos preguntarnos qué pudo haber ocurrido si con ese mismo celo con que algunos pretenden ejercer control político o social hubiesen actuado cuando, durante la primera administración de Nicolás Curi, se feriaron más de $200 millones (en 105 contratos, 100 órdenes de servicio y 88 órdenes de publicidad, varias de éstas últimas a personas que ni siquiera eran periodistas ni tenían vínculos con medios informativos) en una Consulta Popular para constituir o no el Área Metropolitana de Cartagena.

O cuando, también con Curi como alcalde, se gastaron $120 millones en un estudio sobre la Ciénaga de la Virgen que resultó ser un mal plagio de otros anteriores; y les pagaron a unos avivatos $87 millones por la siembra de unos árboles en el separador de la Avenida Santander, ¡sin darse cuenta que el mismo era de cemento!

O cuando se cambió el uso del suelo de la Isla de Elba - Chambacú, con el fin de posibilitar la venta de un lote de propiedad del Distrito en el sector. O cuando se autorizó la privatización del servicio de aseo y su posterior adjudicación a los consorcios LIME y Ciudad Limpia. O cuando, mediante el Acuerdo 08 de 1992, se derogó el Acuerdo 57 de 1991 que establecía que la Sociedad Portuaria Regional sería de carácter oficial o mixto (con aportes de las Empresas Públicas Municipales, la Promotora de Turismo y EDURBE), facilitándose la creación de una entidad de carácter privado en la cual resultó siendo socia una humilde empleada doméstica. O cuando se facultó al alcalde para enajenar bienes del Distrito y, días después el inmueble donde funcionaba el antiguo almacén SEARS, en pleno centro histórico de la ciudad, fue vendido por un precio irrisorio.


Pero también, como parte del mismo ejercicio, podríamos preguntarnos dónde estaban quienes hoy enarbolan las banderas de la oposición cuando se perdieron más de $600 millones que la entonces Red de Solidaridad Social había entregado a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y se justificó su extravío con capacitaciones a miembros de la tercera edad ¡que jamás se realizaron!




O cuando Nicolás Curi invirtió fuertes sumas en el famoso Bosque Encantado de la Marina… ¡lo cual resultó ser un negocio particular! O cuando se conocieron las famosas 'Casas en el Aire', aquel aberrante 'regalo' a unos amigos del alcalde Curi de casi $2.000 millones ¡que debían destinarse a mil familias pobres para adquisición de vivienda!

¿Dónde estaban los opositores de hoy - podríamos continuar preguntándonos- cuando los líderes del denominado Partido Único del Concejo (PUC), entre ellos el actual presidente del Senado, manejaba frondosas nóminas en la Alcaldía, la Contraloría, la Personería y la propia corporación edilicia, es decir, impresionantes cantidades de contratos, órdenes de trabajo y órdenes de servicio, la mayoría notoriamente injustificadas?

¿Dónde cuando se pactaron cuestionadas modificaciones al corredor de carga, la vía a Barú, el amoblamiento urbano, la sistematización del tránsito, los servicios de aseo, en fin…?

¿Dónde cuando se pretendió el famoso negocio del 'Golden Beach', o de 'Multiservicios del Caribe', o de tantos otros que fueron afortunadamente abortados gracias a la intervención de gremios y veedurías?

¿Dónde cuando, en los dos últimos meses del año, en el Concejo se suscribieron 84 inquietantes órdenes de servicio por valor de $90'519.264,oo, cuando durante los diez primeros meses se habían firmado 98, lo que obligó la intervención de la Procuraduría?

¿O dónde cuando, según la Procuraduría General de la Nación, un concejal incurrió en una serie de irregularidades que ameritaron su destitución y una inhabilidad por doce años para ocupar cargos públicos?

En fin, ¿dónde estaban los actuales opositores cuando ocurrieron esos hechos contra los que votamos decididamente, en octubre de 2007, más de 115 mil ciudadanos y ciudadanas…?

Lo cuestionable, entonces, no es que haya excesos en los controles de hoy, salvo cuando se llega al extremo de calumniar, difamar o proferir falsas denuncias, caso en el cual los responsables de tales actos deberán responder ante los correspondientes órganos de control. Lo malo es que muchos de ellos hayan sido ayer, como en la canción de Shakira, ciegos, sordos y mudos, y no se hayan preguntado en su momento, como sí se hizo en otra canción de la cantante, '¿dónde están los ladrones?'.


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