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Tribuna Libre
Papelitos hablan
Por Carlos Ardila González

El alto índice de impunidad en los fallos por delitos contra la Administración Pública se explica porque, generalmente, la mayor parte del acervo probatorio son fríos documentos, cuyos contenidos pueden ser interpretados al tenor de los conceptos éticos, políticos y religiosos, las cargas emocionales y hasta los intereses particulares de cada juez o investigador.

No obstante, de vez en cuando se conocen cartas que son auténticas confesiones, que no permiten interpretación distinta a las que tuvieron sus autores al momento de firmarlas y que deberían constituirse en cabezas de proceso de investigaciones abiertas por los órganos de control.

Es el caso de un oficio fechado el 6 de noviembre de 2007, cuyo destinatario fue el entonces Jefe de la Oficina Jurídica de Corvivienda, Gabriel Arrieta Gómez, suscrito por Julio Castellar García, un profesional del Derecho al servicio de la entidad. En él, el abogado admite -y denuncia - que firmó un contrato cuyos beneficios tuvo que compartir por partes iguales con "un socio que ustedes me impusieron como condición indispensable para darme dicho contrato, dizque porque no lo podían incluir en forma directa… lo que se estaba exigiendo para todos los contratistas"; y reconoce -y denuncia - que no pudo cumplir el objeto del contrato, la titulación de unos lotes, porque éstos "no eran de propiedad de Corvivienda, o sea por error de ustedes". Y como si se requieran más datos, el jurista confiesa -y denuncia - que el socio que le impusieron "no hizo nada, pero sí recibió el 50% del anticipo".  

Y también es el caso de una carta de fecha 22 de noviembre de 2007, radicada cuatro días después en el despacho de la Gobernación de Bolívar y dirigida al entonces mandatario, Libardo Simancas, en la cual los diputados Colombia Aduén, Judith Ferrer, Willis Simancas, Andrés Ricaurte, Fredy Torres, Evelio Montes, Ricardo Posada, Eder Flórez, Vicente Blel, Alejandro Arrázola, Leuby Zea, Adolfo Malo, Jorge Tafur y Lorenzo Hodge solicitan dar respuesta a un cuestionario que constituye, por sí sólo, una gravísima denuncia.  

Las preguntas -denuncias - de los integrantes de la duma no pueden ser más reveladoras: "con documentos soportes, sírvase responder, ¿cuál fue el detrimento patrimonial que causó la decisión tomada por usted de cerrar las fronteras a la Fabrica de Licores de Antioquia?"; "si la causación de los excedentes financieros sólo se pueden determinar a fecha 16 de diciembre, ¿porqué se están liquidando con anterioridad a tal fecha?"; "en los últimos dos decretos expedidos por su despacho se orientan rentas por $16.974 millones para asumir compromisos…, ¿por qué ha destinado estos recursos a fines no prioritarios"; y "durante tres años tratamos de obtener respuesta sobre los decomisos, destrucción o venta de licores de contrabando realizados por el Bloque de Búsqueda de Rentas Departamental, y fue imposible, por lo tanto exigimos un informe detallado sobre estas acciones."     

A los suscriptores de estas cartas hay que preguntarles porqué no cumplieron (o han cumplido) con el deber legal y constitucional de poner en conocimiento de los órganos de control los delicados hechos que narran en las mismas. A los diputados hay que inquirirles, además, porqué no realizaron (o han realizado) el control político que está consignado como uno de sus principales deberes.

Sin duda, en ambos casos se trata de muy graves denuncias, aunque el contratista al servicio ¿de Corvivienda? ni los diputados al servicio ¿del Departamento? hayan pretendido otra cosa. 

Cuando alguien habla puede decir más tarde que no dijo lo que dijo; son palabras que puede llevarse el viento. En los casos de estos escritos, se trata de hechos avalados por las firmas de sus autores. Como indica con frecuencia un periodista: papelitos hablan. 



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Marzo de 2008
     OPINIÓN

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